Orígenes
La primera vez que vi a un grupo de vecinos frenar una motosierra en Cali no fue en una protesta con pancartas. Fue un martes a las 7 de la mañana, en un andén del barrio San Antonio, cuando una señora de unos setenta años se paró frente a una cuadrilla que ya tenía el permiso en la mano y les dijo, con una calma que imponía más que cualquier grito: "Muéstreme el concepto técnico del Dagma, mi señor". La cuadrilla se detuvo. No hubo forcejeo. Hubo papel. Y ese papel, o la falta de él, es la historia que quiero contarles.
Los comités cívicos que defienden el arbolado urbano en Cali no nacieron de una ideología. Nacieron de la sospecha. La sospecha de que un árbol de ochenta años que lleva sombra a tres cuadras no puede desaparecer con una llamada telefónica y una autorización que nadie vio. En barrios como San Antonio, El Peñón, Granada, La Merced y San Fernando, donde el arbolado maduro es parte del paisaje y del microclima, los vecinos empezaron a organizarse hace años con una herramienta que suena aburrida pero es letal: el derecho de petición.
📌 Transparencia
Este artículo contiene enlaces patrocinados/de afiliados. Podríamos recibir una pequeña comisión sin costo para ti.
Aquí va el paso a paso real de cómo funciona un permiso de tala en Cali, qué papel juega el Dagma, cómo se radica una denuncia y qué han logrado los comités cívicos que llevan años en esto. Son datos de referencia de octubre de 2026, así que conviene confirmarlos antes de mover cualquier trámite.
Línea de tiempo o hitos históricos
No hay una fecha fundacional única. La defensa del arbolado en Cali se fue construyendo por capas, a medida que la ciudad crecía y el cemento le ganaba terreno a la sombra. Estos son los hitos que los propios veedores reconocen como puntos de quiebre:
- Década de 1990: Con la expansión urbana hacia el sur y el oriente, los primeros comités de vecinos empiezan a documentar talas sin aviso en barrios tradicionales. Las herramientas eran cuadernos, fotos y llamadas a la entonces incipiente autoridad ambiental.
- Años 2000: Se consolida el Dagma (Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente) como la autoridad ambiental urbana de Cali. Con ello llega la exigencia del concepto técnico previo a cualquier intervención sobre árboles patrimoniales o de gran porte.
- Década de 2010: Los comités cívicos aprenden a usar el derecho de petición como herramienta masiva. Se radican solicitudes ante el Dagma y la CVC exigiendo copia de los permisos, los estudios de riesgo y las actas de las visitas técnicas.
- Últimos años: La discusión se amplía del árbol individual al paisaje urbano: corredores verdes, islas de calor y la relación entre arbolado maduro y temperatura de barrio. Los comités empiezan a citar datos del IDEAM sobre olas de calor y microclimas urbanos.
- 2026: Los colectivos de San Antonio, El Peñón, Granada, La Merced y San Fernando mantienen veedurías activas y exigen audiencias públicas cuando un permiso de tala amenaza un ejemplar de gran porte.
Lo que cambió en el camino no fue la ley, sino la capacidad de los vecinos de leerla. Un comité cívico que sabe qué es un concepto técnico es un comité que puede frenar una motosierra con argumentos y no solo con rabia.
Personajes o hechos clave
En estos procesos no hay héroes con nombre en los libros de historia, pero sí hay figuras reconocibles. Están los veedores de andén: jubilados, amas de casa, profesores y estudiantes que caminan el barrio con el celular en la mano y fotografían cada tocón reciente. Están los abogados voluntarios que redactan derechos de petición sin cobrar y enseñan a los vecinos a citar la norma correcta. Y están los técnicos y funcionarios del Dagma que, cuando el trámite se hace bien, terminan siendo aliados y no adversarios.
El hecho clave que se repite en todos los barrios es el mismo: una tala anunciada, un vecino que pregunta, un permiso que no aparece o aparece incompleto, y una cuadrilla que se detiene. No es una victoria épica. Es una victoria administrativa, que en Cali es casi lo mismo que una épica.
Barrio San Antonio
San Antonio es el caso más visible porque su arbolado convive con el patrimonio arquitectónico y con la vida de café y de noche. Aquí los comités cívicos han aprendido a moverse en dos frentes: el trámite formal ante el Dagma y la presión social en las redes del barrio. Cuando se anuncia una intervención sobre un árbol de gran porte, los vecinos radican el derecho de petición y, en paralelo, convocan a la JAC y a los comerciantes de la zona para que la solicitud no quede en un solo nombre. La lógica es simple: un permiso que afecta a un barrio entero no puede tramitarse como si fuera un asunto privado de una cuadra.
Barrio El Peñón
El Peñón tiene una particularidad: sus calles estrechas y su topografía hacen que cada árbol maduro cumpla una función que va más allá de la estética. Da sombra en una loma, retiene agua en una pendiente, amortigua el ruido de las avenidas cercanas. Los comités de este barrio suelen insistir en que el concepto técnico del Dagma no evalúe solo el riesgo de caída del árbol, sino también el costo de perderlo. Esa discusión, la del valor ecosistémico frente al riesgo, es la que más ha costado ganar en las audiencias.
Barrio Granada
Granada es zona de restaurantes, oficinas y tráfico peatonal intenso, y eso pone al arbolado en una tensión permanente: la sombra es bienvenida, pero las raíces levantan andenes y las ramas chocan con fachadas. Los comités cívicos de Granada han empujado una idea que suena obvia pero no siempre se aplica: antes de talar, evaluar la poda técnica y el manejo de raíces. Muchas talas que se justifican como "necesarias" podrían resolverse con intervención especializada. El argumento de los vecinos es que la tala es la salida fácil y la poda bien hecha es la salida responsable.
Barrio La Merced
La Merced combina casas tradicionales, instituciones y una vida de barrio que se sostiene en el comercio pequeño. Aquí los comités han documentado cómo el arbolado maduro sostiene la temperatura de las calles en los meses de calor, y usan ese argumento en las solicitudes. La estrategia es llevar el debate del "me gusta el árbol" al "el árbol me protege", porque el segundo argumento es el que resiste en una audiencia pública.
Barrio San Fernando
San Fernando, con su mezcla de residencias y ejes comerciales, ha sido escenario de disputas por talas asociadas a obras y remodelaciones. Los comités de este barrio han perfeccionado la veeduría documental: piden copia del permiso, del concepto técnico, del acta de visita y de la resolución que autoriza la intervención. Si falta un solo papel, la solicitud se devuelve y la cuadrilla no puede avanzar. Es una victoria pequeña, pero es una victoria.
Estado actual
En octubre de 2026, la defensa del arbolado urbano en Cali está en un punto intermedio: hay más conciencia ciudadana que nunca, pero también más presión sobre el suelo urbano. Los comités cívicos ya no son grupos aislados; se comunican entre barrios, comparten modelos de derechos de petición y se apoyan en las audiencias públicas. La herramienta del concepto técnico del Dagma se ha convertido en el campo de batalla central: si el concepto es débil, el permiso cae; si es sólido, los vecinos negocian mitigaciones, compensaciones y poda en lugar de tala.
El reto pendiente es la medición. Los comités saben que su fuerza está en los datos, y por eso insisten en que se documente cuántos árboles se talan al año, cuántos permisos se niegan y cuántas solicitudes se resuelven con poda. Sin ese registro, cada disputa empieza de cero. La recomendación de los veedores es simple: si tu barrio tiene un árbol en riesgo, no esperes a que llegue la motosierra. Radica el derecho de petición, pide copia del concepto técnico y convoca a tu JAC. La sombra de un árbol centenario no se recupera con un comunicado; se defiende con papel, con vecinos organizados y con la paciencia de quien sabe que la ciudad se construye todos los días.
Y si en tu cuadra hay un árbol que está en la cuerda floja, pasa la voz a tu JAC y averigua en qué va el trámite ante el Dagma. Mejor preguntar antes de que suene la motosierra.
